Santiago de la Peña revela que la coordinación con el Tribunal Superior de Justicia busca convertir los operativos de seguridad en resultados judiciales efectivos
Chihuahua.- Con la intención de cerrar el paso a la impunidad y transformar los esfuerzos de seguridad en sentencias firmes, el Gobierno del Estado intensificó su coordinación con el Tribunal Superior de Justicia, al sostener una reunión estratégica entre la Mesa de Seguridad y su presidenta, Marcela Herrera, informó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.
Durante el encuentro, De la Peña explicó que esta iniciativa responde a una instrucción directa de la gobernadora, quien ha pedido que todas las áreas de gobierno trabajen bajo un mismo objetivo: garantizar que la seguridad pública no se quede solo en operativos, sino que se refleje en procesos judiciales sólidos. En este contexto, el Poder Judicial fue identificado como el eslabón decisivo para que las detenciones y las investigaciones deriven en justicia efectiva para la ciudadanía.
A la reunión acudieron representantes de las principales instituciones responsables de la paz social, entre ellas la SEDENA, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) y la Secretaría General de Gobierno, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer un frente común frente a la delincuencia.
El funcionario estatal detalló que uno de los ejes centrales fue ampliar y profundizar los mecanismos de colaboración interinstitucional, de modo que los cuerpos de seguridad y los jueces compartan criterios y procedimientos. Esto, dijo, permitirá dotar de mayor certeza jurídica a cada caso y evitar que los procesos se debiliten por errores técnicos.
Asimismo, se planteó el desarrollo de programas de capacitación conjunta, dirigidos a mejorar los protocolos de detención, integración de carpetas de investigación y presentación de pruebas ante los tribunales. Con estas acciones, el gobierno estatal busca blindar cada procedimiento contra fallas que puedan ser aprovechadas por los presuntos responsables y, al mismo tiempo, avanzar hacia un sistema de justicia más eficiente y confiable para la población.
