El secretario general de Gobierno sostuvo que los actos anticipados de campaña están claramente normados y que ningún servidor público está exento de cumplir la legislación electoral.
Chihuahua .- La aplicación de la ley electoral debe ser igual para todos los actores políticos, sin distinciones por cargo o nivel de representación, afirmó el secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, al referirse al caso de la senadora Andrea Chávez, quien enfrenta medidas cautelares por presuntos actos anticipados de campaña.
El funcionario estatal explicó que la legislación es clara en cuanto a las conductas permitidas y prohibidas en materia electoral, por lo que los servidores públicos tienen la responsabilidad de conducirse con pleno conocimiento del marco normativo. Subrayó que actuar fuera de la ley puede derivar en sanciones y señalamientos posteriores, una obligación que —dijo— aplica sin excepción para cualquier persona que ostente un cargo público.
De la Peña señaló que el caso de la legisladora ha generado mayor atención mediática debido a su posición como senadora federal y a que se trata de un asunto reciente; sin embargo, insistió en que el criterio jurídico debe mantenerse uniforme. Mencionó que apenas un día antes, en la capital del estado, Andrea Chávez participó en la entrega de lentes a ciudadanos, una actividad que también podría interpretarse como promoción personalizada, por lo que consideró que la propia legisladora deberá valorar los riesgos legales de sus acciones.
Estas declaraciones se producen luego de que el Tribunal Estatal Electoral (TEE) de Chihuahua ratificara las medidas cautelares impuestas contra la senadora, al considerar que el uso de su nombre e imagen en ambulancias y unidades médicas que brindan servicios en la entidad podría constituir promoción fuera de los tiempos establecidos por la ley. La resolución ordena el retiro inmediato de dicha imagen mientras continúa el análisis del caso.
Con esta decisión, permanece vigente la determinación previa del Instituto Estatal Electoral (IEE), organismo que inició el procedimiento sancionador. El magistrado del TEE, Hugo Molina, explicó que, aun cuando no exista un proceso electoral en curso, el instituto sí cuenta con facultades para intervenir, ya que los hechos denunciados podrían vulnerar los principios de legalidad y equidad contemplados en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Finalmente, el Tribunal desechó las impugnaciones presentadas tanto por la senadora como por el partido Morena, dejando firme la orden de retirar cualquier elemento que implique promoción personalizada, en tanto se resuelve de fondo el procedimiento legal.
