El gobierno de Chihuahua alerta sobre el impacto político y económico tras los señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado
Chihuahua — La reciente ofensiva judicial del Gobierno de Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, entre ellos el gobernador Rubén Rocha Moya, encendió las alarmas en el norte del país. El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña, calificó como “sorprendente” la situación y advirtió que las acusaciones no solo tienen implicaciones legales internacionales, sino que representan un golpe directo a la confianza de la ciudadanía mexicana.
De acuerdo con la información difundida, al menos nueve personas vinculadas principalmente al área de seguridad estarían bajo la lupa de autoridades estadounidenses por presuntos nexos con la delincuencia organizada. Ante este panorama, el funcionario estatal sostuvo que el foco no debe centrarse únicamente en el proceso judicial en el extranjero, sino en el daño interno que estos hechos podrían ocasionar si se confirman. “La primera agresión es contra nuestro pueblo; lo que ocurra fuera del país es consecuencia de esas conductas”, enfatizó.
En medio de la controversia, De la Peña también reaccionó a la inclusión de un senador en los señalamientos, quien recientemente había promovido acciones legales contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos. Sin profundizar, el funcionario sugirió inconsistencias en la postura del legislador, dejando entrever una posible contradicción entre sus acusaciones públicas y su propia situación jurídica.
Uno de los puntos que más inquieta al gobierno estatal es el posible impacto en la relación bilateral y en el T-MEC, pilar del crecimiento económico en la región norte. Chihuahua, señaló, ha consolidado su desarrollo gracias al libre comercio, por lo que un escándalo de esta magnitud podría generar incertidumbre entre socios internacionales. En ese sentido, hizo un llamado a evitar que las acciones de algunos servidores públicos comprometan la estabilidad económica y la certidumbre jurídica del país.
Finalmente, el Gobierno de Chihuahua informó que permanecerá atento a las investigaciones en curso y al posicionamiento oficial del Gobierno federal, mientras se desarrollan las indagatorias por parte de agencias de seguridad de Estados Unidos, en un caso que podría marcar un punto de inflexión en la relación entre ambos países.