Más de 600 habitantes de Atascaderos y comunidades aledañas de Guadalupe y Calvo fueron obligados a abandonar sus hogares durante 2026 ante la violencia y las amenazas atribuidas a grupos del crimen organizado, de acuerdo con los hallazgos del Informe sobre el Desplazamiento Forzado Interno en Chihuahua. Resultados de la Misión Civil de Observación en Chihuahua 2026.
El desplazamiento se agudizó durante febrero, cuando la disputa entre grupos criminales provocó que familias enteras dejaran la región serrana y buscaran refugio en diferentes ciudades del estado. Hidalgo del Parral se convirtió en uno de los principales puntos de recepción de quienes escaparon de la zona.
Entre el 18 y el 27 de febrero, cientos de desplazados fueron atendidos tanto en Parral como en la colonia Sierra Azul de Chihuahua capital, mientras otras familias se trasladaron hacia Cuauhtémoc y Delicias.
En Parral, parte de esta población encontró refugio en el Centro Comunitario del DIF ubicado en Paseos de Almanceña, espacio habilitado para recibir a las familias que llegaron prácticamente después de abandonar sus comunidades. De acuerdo con el informe, algunas de ellas continúan ahí, en condiciones de hacinamiento, meses después de su desplazamiento.
El documento sitúa uno de los momentos críticos el 15 de febrero, cuando integrantes de grupos delictivos habrían lanzado amenazas contra habitantes de Atascaderos, entre ellas la advertencia de reclutar por la fuerza a jóvenes de las comunidades de la región.
La crisis tendría días después uno de sus episodios más graves. El 26 de febrero, Kenya Anayeli V. R., adolescente indígena de 14 años, fue sustraída de su domicilio en el rancho El Indiano o El Indio, perteneciente al seccional de Turuachi y cercano a Atascaderos.
Posteriormente, la menor fue localizada sin vida en la comunidad de Yerbitas, hecho ocurrido mientras numerosas familias abandonaban la región ante el deterioro de las condiciones de seguridad.
Un mes después del éxodo, aproximadamente 200 personas decidieron regresar a sus lugares de origen, para lo cual fueron acompañadas por elementos de la Policía Estatal y fuerzas militares. Sin embargo, el retorno no alcanzó a todas las familias que habían salido de la Sierra.
El informe expone así que el impacto de la violencia en Guadalupe y Calvo trasciende las cifras de homicidios y enfrentamientos: cientos de personas dejaron viviendas, comunidades y actividades cotidianas para buscar seguridad en otras ciudades, mientras una parte de los desplazados continúa sin poder regresar a casa.
