El director de Seguridad Pública Municipal de Parral, Martín Chaparro, respondió al exhorto promovido por la síndica Dalila Villalobos y acusó que detrás de los señalamientos sobre las condiciones para el traslado de detenidos existe un intento por construir una narrativa de descalificación contra la corporación y llevar el tema de la seguridad al terreno político.
La reacción se produjo después de que el Cabildo aprobara por unanimidad la propuesta de Villalobos para reforzar el cumplimiento de los protocolos de detención, custodia y traslado, revisar las unidades destinadas a esta tarea y fortalecer la capacitación y supervisión de los elementos.
Chaparro sostuvo que Seguridad Pública no se opone a la fiscalización y reconoció que forma parte de las obligaciones institucionales. Sin embargo, cuestionó la manera en que la síndica ha planteado sus observaciones y consideró que se pretende presentar a la corporación bajo una situación de abandono que, aseguró, no corresponde con sus condiciones actuales.
“Lo que no vamos a permitir es que bajo el pretexto de fiscalizar se insista en construir una narrativa sistemática de descalificación”, expresó el jefe policiaco, quien afirmó que la discusión no debe utilizarse para poner en entredicho el trabajo de los agentes municipales.
Uno de los principales argumentos de Chaparro fue el crecimiento del parque vehicular durante la administración de Salvador Calderón. Según el director, al comenzar el actual gobierno municipal solamente encontraron cuatro unidades operativas, mientras que actualmente existen cerca de 30 vehículos en funcionamiento destinados a diferentes tareas policiales.
Con ello respondió particularmente al apartado del exhorto que pide revisar las condiciones físicas, mecánicas, operativas y de seguridad de las unidades utilizadas para transportar detenidos. Para Chaparro, concentrar ahora la discusión en el estado de los vehículos omite el avance que, afirmó, se ha conseguido respecto a las condiciones en que recibieron la corporación.
El funcionario también llevó la confrontación al terreno político al cuestionar que Villalobos no hubiera planteado exigencias similares cuando anteriormente se desempeñó como regidora del Ayuntamiento.
Aseguró que resulta contradictorio que ahora se coloque el tema entre las prioridades de la Sindicatura y sostuvo que la preocupación por la seguridad pública no debería depender del cargo ocupado ni de las circunstancias políticas.
Incluso, Chaparro cuestionó a la síndica por lo que consideró una postura desigual frente a otros acontecimientos. Hizo referencia, sin identificarlo por nombre, a un regidor de Gobernación que calificó como cercano a Villalobos y que, según dijo, meses atrás estuvo involucrado en un incidente en el que dos jóvenes habrían resultado afectados y “prácticamente abandonados”.
“¿Por qué en algunos temas se exige con estridencia y en otros se guarda silencio?”, cuestionó el director.
La postura de Chaparro contrasta con la explicación ofrecida por Villalobos después de la sesión de Cabildo. La síndica ha insistido en que su propuesta no crea nuevas obligaciones para Seguridad Pública, sino que busca hacer cumplir disposiciones que el propio Ayuntamiento aprobó desde junio de 2024 y que posteriormente fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado.
Entre ellas se encuentra el Manual de Lineamientos sobre Detención, Trato y Traslado de Detenidos, Llenado de IPH y Cadena de Custodia, que establece procedimientos relacionados con la actuación policial durante estas intervenciones.
Villalobos también precisó que el exhorto tiene carácter preventivo y no pretende establecer responsabilidades ni interferir en investigaciones actualmente abiertas. Su planteamiento contempla unidades adecuadas para los traslados, capacitación para los policías, supervisión y garantías tanto para los agentes como para las personas bajo custodia.
Pese a esas precisiones y al respaldo unánime que recibió el exhorto en Cabildo, Chaparro consideró que las declaraciones alrededor del tema han terminado convirtiendo a la corporación en objeto de una confrontación política.
El director cerró filas con los elementos bajo su mando y aseguró que responderá a cualquier observación que se encuentre debidamente documentada, pero advirtió que defenderá a la corporación frente a señalamientos que considere utilizados con fines de desgaste.
“No voy a permitir que se utilice a la Policía Municipal como instrumento de desgaste político”, sentenció Chaparro, al sostener que respaldará el trabajo, honor y profesionalismo de los agentes y que la seguridad pública debe mantenerse como una responsabilidad institucional por encima de las disputas políticas.
