La gobernadora de Chihuahua llamó a las ministras y ministros a respaldar la legislación estatal que contempla anular comicios cuando se acredite la intervención de grupos delictivos
Chihuahua .— En vísperas de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la reforma electoral de Chihuahua, la gobernadora Maru Campos Galván solicitó al máximo tribunal del país mantener vigente la legislación que contempla la anulación de elecciones cuando se compruebe la intervención del crimen organizado.
A través de un mensaje difundido en redes sociales, la mandataria estatal sostuvo que la disposición representa un mecanismo para impedir que grupos delictivos tengan influencia en los procesos electorales, particularmente en la selección de candidaturas y en los resultados de las votaciones. De acuerdo con Campos, Chihuahua fue la primera entidad en incorporar una medida de este tipo a su legislación local.
La gobernadora recordó que la reforma fue aprobada por el Congreso del Estado y afirmó que contó con el respaldo de las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, con excepción de las y los diputados locales de Morena, según su señalamiento.
Campos Galván indicó que, posteriormente, representantes de Morena promovieron una impugnación ante la Suprema Corte para cuestionar la constitucionalidad de las modificaciones aprobadas en Chihuahua. El asunto será analizado por el Pleno del máximo tribunal durante la sesión programada para este martes 29 de septiembre.
En su posicionamiento, la mandataria planteó que la resolución tendrá implicaciones para la manera en que se desarrollan los procesos democráticos frente a posibles intentos de injerencia de grupos criminales. Sostuvo que el objetivo de la reforma es evitar que intereses delictivos puedan determinar quién participa en una elección o influir en sus resultados.
“Lo que está en juego es precisamente eso: que el voto se decida en las urnas y no en los cuarteles del crimen”, expresó Campos, quien pidió a las ministras y ministros confirmar la validez de la legislación aprobada en Chihuahua.
La gobernadora también reiteró que la defensa del sufragio libre y el fortalecimiento de las instituciones frente a la delincuencia forman parte de las prioridades de su administración, mientras la Suprema Corte deberá determinar los alcances constitucionales de la reforma electoral estatal.