El secretario general de Gobierno de Chihuahua cuestiona la congruencia del discurso de Morena luego de que un tribunal federal asumiera la investigación por presunto peculado contra el exmandatario estatal
Chihuahua.- La decisión de un tribunal colegiado de llevar al fuero federal la investigación por presunto peculado contra el exgobernador Javier Corral Jurado encendió una nueva polémica política y jurídica en Chihuahua, luego de que el Gobierno del Estado señalara que esta determinación evidencia un posible respaldo desde el ámbito federal hacia el exmandatario.
El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda, afirmó que el fallo emitido por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, mediante el conflicto competencial 20/2025, no es un hecho menor, ya que implica que las autoridades federales serán ahora las encargadas de conocer el caso que también involucra a otros exfuncionarios. A su juicio, este movimiento refleja una clara intervención del nivel central en un proceso que originalmente era investigado por instancias estatales.
De la Peña sostuvo que esta resolución entra en contradicción con el discurso de legalidad y combate a la corrupción que, dijo, suele promover Morena y sus representantes, ya que cuando uno de sus integrantes enfrenta una carpeta de investigación, esos principios parecen perder fuerza. “El mensaje público cambia cuando los señalamientos alcanzan a personajes cercanos a ese movimiento”, subrayó el funcionario.
El responsable de la política interna del estado defendió además la actuación de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua, al señalar que su titular ha conducido el expediente con profesionalismo y rigor jurídico. Enfatizó que la discusión no se centra en la labor de las autoridades locales, sino en la decisión de trasladar el expediente al ámbito federal, lo que ahora deberá ser explicado por quienes promovieron esa atracción.
Finalmente, el secretario general reiteró que el Gobierno del Estado mantendrá su compromiso de actuar conforme a la ley y de respaldar a las instituciones encargadas de investigar posibles actos de corrupción, sin importar el nivel o la afiliación política de las personas involucradas, dejando claro que la transparencia y la rendición de cuentas seguirán siendo una prioridad.
