El secretario General de Gobierno sostuvo que el servicio público debe manejarse con total transparencia y que, si existen irregularidades, deben aplicarse las sanciones correspondientes
Chihuahua .– El manejo de recursos públicos volvió a generar debate luego de que el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, respaldara la labor de la Auditoría Superior del Estado (ASE) ante la postura de autoridades de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), quienes se han negado a proporcionar información relacionada con el uso de tarjetas empresariales, bajo el argumento de su autonomía.
De la Peña destacó la trayectoria y el trabajo del órgano fiscalizador estatal, al considerar que cuenta con un desempeño profesional, y señaló que su reelección para un nuevo periodo en el Congreso del Estado representa, desde su perspectiva, un reconocimiento al trabajo realizado. El funcionario agregó que le resulta llamativa la postura asumida por representantes universitarios frente a las solicitudes de información.
Durante sus declaraciones, el secretario General de Gobierno subrayó que quienes desempeñan una función dentro del servicio público tienen la obligación de conducirse con transparencia y apego a la legislación. En ese sentido, afirmó que la administración de los recursos debe realizarse como si estuviera dentro de una “caja de cristal”, de manera que las actuaciones puedan ser revisadas y fiscalizadas.
Asimismo, De la Peña sostuvo que, en caso de que una revisión determine la existencia de irregularidades o incumplimientos a la ley, deberán aplicarse las medidas y sanciones que correspondan, pues consideró que ninguna persona que ingresa al servicio público debe hacerlo pensando que puede evadir las disposiciones legales.
Finalmente, el funcionario estableció un contraste con lo que ocurre en otras entidades y a nivel nacional, al señalar que en Chihuahua la Auditoría Superior del Estado realiza su labor fiscalizadora y, cuando detecta inconsistencias, cuenta con los mecanismos para promover las acciones correspondientes. La controversia en torno a las tarjetas empresariales de la UACJ mantiene así el foco sobre la transparencia, la rendición de cuentas y los alcances de la fiscalización de recursos públicos.
JRZ