El cierre de la frontera es debido al rezago sanitario de otras entidades y a decisiones erráticas de la Federación
Chihuahua .- Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dejó sin efecto las restricciones impuestas por el Gobierno de Chihuahua, decisión que provocó una dura reacción del secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, quien aseguró que ante el fallo “no sabe si reír o llorar” por la contradicción que, a su juicio, representa.
En un posicionamiento público, De la Peña Grajeda defendió que Chihuahua ha sido la entidad que con mayor firmeza ha cuidado su actividad ganadera, destacando que las acciones ordenadas por la gobernadora María Eugenia Campos Galván desde el invierno pasado lograron mantener fuera al parásito que afecta al ganado. De acuerdo con el funcionario, gracias a estas estrategias, el estado conserva una condición sanitaria estable, aun siendo el principal productor y exportador de ganado en México.
Sin embargo, subrayó que pese a cumplir con los más altos estándares, Chihuahua continúa sin lograr la reapertura de la frontera para exportar reses, lo que atribuyó al rezago sanitario de otras entidades y a decisiones erráticas de la Federación. Bajo ese contexto, calificó como incongruente que la SCJN termine sancionando a un estado que, dijo, ha hecho lo necesario para proteger su economía pecuaria y la salud animal.
El secretario general rechazó que el Ejecutivo estatal haya excedido sus facultades, pues sostuvo que el acuerdo emitido únicamente reforzaba atribuciones ya existentes. Además, recordó que a inicios del año pasado se firmó un convenio entre la Secretaría de Desarrollo Rural federal y el Gobierno de Chihuahua para coordinar acciones conjuntas contra el gusano barrenador, lo que, desde su perspectiva, hace aún más contradictoria la resolución judicial.
De la Peña también lamentó que la Suprema Corte no dirija sus observaciones hacia los estados que, según afirmó, no han cumplido con su obligación constitucional de proteger la sanidad animal y la seguridad alimentaria del país. En contraste, consideró injusto que se señale a una entidad que implementó medidas preventivas efectivas para evitar la propagación de una plaga de alto impacto.
Como antecedente, la SCJN frenó las disposiciones emitidas en noviembre de 2024 por Chihuahua para controlar el ingreso de ganado a su territorio, las cuales contemplaban puntos de verificación estatales, requisitos sanitarios más estrictos y el retorno de animales a su lugar de origen en caso de incumplimiento. Dichas reglas fueron impugnadas por la entonces consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, y aunque inicialmente no se suspendieron, al resolverse el fondo del asunto se determinó que el gobierno estatal invadió competencias exclusivas de la Federación en materia de salubridad general.
