Por Samuel Sinaloa
Desde el discurso oficial, Chihuahua avanza. Las cifras, aseguran autoridades estatales y municipales, van a la baja. La violencia disminuye, los delitos se contienen y la estrategia de seguridad da resultados. Sin embargo, fuera de los informes y las conferencias de prensa, la percepción ciudadana cuenta una historia muy distinta.
Gobiernos van y vienen repitiendo la misma narrativa. Hoy, tanto el Gobierno del Estado como los alcaldes de las principales ciudades presumen una reducción de los índices delictivos durante sus administraciones. El problema es que, casi siempre que lo hacen, la realidad termina desmintiéndolos con crudeza: un hecho violento, un ataque, un hallazgo, una nueva tragedia.
El secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya, no pierde oportunidad para enumerar operativos, detenciones y supuestos golpes certeros contra el crimen organizado. Sin embargo, en vastas regiones del estado esa versión oficial simplemente no se sostiene. En la sierra, por ejemplo, los desplazamientos forzados continúan, las comunidades se vacían y el miedo sigue marcando la rutina diaria.
Habitantes de municipios como Guachochi, Parral, Madera, Batopilas, Casas Grandes y Aldama —por mencionar solo algunos— coinciden en una percepción alarmante: viven en una especie de tierra de nadie. Ahí, dicen, los grupos criminales imponen reglas, deciden quién se queda y quién se va, y actúan con una impunidad que difícilmente puede explicarse solo por falta de capacidad institucional, y no es solo opinión personal, sino general, el boca a boca de quienes ahí viven y tienen que soportar todo tipo de abusos.
La sospecha de acuerdos entre autoridades y delincuencia no es una teoría marginal; es un rumor persistente, un secreto a voces que se alimenta cada vez que la presencia del Estado parece limitarse a los llamados “topones” entre grupos rivales o a operativos tardíos que no cambian el fondo del problema.
Mientras se sigan presumiendo cifras sin atender la realidad cotidiana de las comunidades, la percepción de inseguridad no mejorará. Porque no basta con reducir los delitos de alto impacto en las estadísticas si el control territorial, el miedo y el silencio siguen en manos del crimen organizado.
Y así, Chihuahua —como buena parte del país— continúa atrapado en una contradicción permanente: gobiernos que aseguran avances y ciudadanos que, todos los días, sienten exactamente lo contrario.
