El Gobierno estatal afirma que la crisis policial deriva de fallas en controles de confianza y no de abandono institucional
Chihuahua.- La confrontación por el control de la seguridad en Nuevo Casas Grandes escaló al terreno federal luego de que la alcaldesa solicitara la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum, mientras el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, rechazó las acusaciones y aseguró que la corporación municipal fue desmantelada por no cumplir con los exámenes de control y confianza.
El secretario general de Gobierno del Estado, Santiago de la Peña Grajeda, calificó como “extraña” la decisión de la presidenta municipal Edith Escárcega Contreras de llevar a la esfera mediática el conflicto relacionado con la seguridad pública en Nuevo Casas Grandes, luego de que la edil entregara una petición directa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que el municipio recupere el mando de su corporación policial y de tránsito.
De acuerdo con el funcionario estatal, la problemática no es reciente. Recordó que desde años atrás el Gobierno del Estado, en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, asumió las tareas de vigilancia en la región, después de que —según explicó— ninguno de los elementos municipales acreditara los exámenes de control de confianza. Incluso detalló que una parte de los policías reprobó las evaluaciones y otros ni siquiera acudieron a presentarlas, en medio de señalamientos por presuntos vínculos irregulares.
Ante ese escenario, sostuvo que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ha mantenido presencia operativa permanente para garantizar la protección de la ciudadanía, por lo que consideró que el tema debe abordarse mediante canales institucionales y no a través de declaraciones públicas. En ese sentido, planteó que la reconstrucción de la corporación local debe realizarse bajo los lineamientos legales correspondientes y mediante coordinación directa con el titular de Seguridad estatal, Gilberto Loya.
Por su parte, la alcaldesa Edith Escárcega argumentó que durante dos años las autoridades estatales han impedido la aplicación de evaluaciones y la contratación de nuevos elementos, lo que —aseguró— ha bloqueado la reactivación de la policía municipal. En su mensaje dirigido al Ejecutivo federal, afirmó que el municipio se encuentra “abandonado” por el Estado y que buscan recuperar la autonomía en materia de seguridad y tránsito.
La controversia reabre el debate sobre la coordinación entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad pública, especialmente en municipios donde las corporaciones locales han sido desintegradas tras no cumplir con los estándares legales de certificación y confianza exigidos por la normativa vigente.
