Noticias de Chihuahua.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que el agua es un recurso de la nación y aseguró que se presentará una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) debido al acaparamiento ilegal de 700 mil metros cúbicos de agua por parte del exgobernador César Duarte. Sheinbaum destacó que la intervención de autoridades federales busca castigar a los responsables de apropiarse del agua, recurso que fue obtenido de manera ilícita con la colaboración de autoridades locales.
El director de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, calificó el hecho como un abuso de autoridad y detalló que la infraestructura hidráulica involucrada en el acaparamiento consistía en una presa principal, cinco represas y un pozo ilegal construidos sin los permisos correspondientes. La intervención de Conagua en el rancho El Saucito, propiedad de Duarte en el municipio de Balleza, fue parte de un proceso administrativo iniciado por el uso indebido de agua, que afectó gravemente a otros sectores dependientes de este recurso en un estado con serias carencias hídricas.
Durante una conferencia matutina, se mostraron imágenes y videos que documentaron la demolición de las infraestructuras hidráulicas construidas por Duarte, proceso que incluyó el uso de maquinaria pesada para destruir las represas. Morales lamentó que en un contexto de escasez de agua y cambio climático en Chihuahua, un exgobernador hubiera actuado para beneficiarse personalmente mientras los productores y comunidades locales carecen de acceso al agua. Además, señaló que las obras fueron realizadas sin los permisos ni los títulos de concesión requeridos por la ley, lo que las convierte en acciones ilegales.
Conagua había iniciado el proceso de demolición el lunes pasado, pero en menos de 24 horas se concedió un amparo que suspendió provisionalmente la acción. Morales denunció que los hermanos de Duarte fueron quienes informaron sobre la suspensión, obtenida rápidamente a través de una jueza, lo que vinculó con intereses políticos. En este contexto, Sheinbaum reiteró que el agua es un bien público y que se seguirán utilizando los mecanismos legales para evitar su apropiación indebida, especialmente en regiones donde el acceso al recurso es limitado. Además, recordó que el agua sustraída ilegalmente forma parte de la cuenca que se destina al cumplimiento del Tratado de Aguas de 1944, lo que añade una dimensión internacional al caso.
