El líder del Cártel de Sinaloa, Ismael «El Mayo» Zambada, solicitó al Gobierno de México exigir su repatriacióndesde Estados Unidos, argumentando que su traslado a ese país fue ilegal y que, de no intervenir, la relación bilateral podría enfrentar un colapso.
La petición fue presentada en el Consulado General de México en Nueva York, confirmó su asesor jurídico en México, Juan Manuel Delgado González. En el documento, Zambada insta a las autoridades mexicanas a intervenir en su defensa, señalando que su captura y extradición ocurrieron fuera del marco legal.
Zambada sostiene que en julio de 2024 fue secuestrado en Culiacán y trasladado a Texas, donde fue entregado a las autoridades estadounidenses. Afirma que el hijo de Joaquín «El Chapo» Guzmán, Joaquín Guzmán López, lo engañó para facilitar su captura. Actualmente enfrenta cargos en Nueva York por delincuencia organizada, narcotráfico, homicidio y lavado de dinero.
En su solicitud de asistencia consular, Zambada advierte que su caso sienta un precedente que podría afectar a políticos y funcionarios mexicanos, al permitir que cualquier persona sea detenida y trasladada a Estados Unidos sin cumplir con procedimientos legales.
El capo también reclama que Estados Unidos no tiene legitimidad para aplicarle una sanción tan grave como la pena de muerte, asegurando que su ingreso al país se dio bajo un secuestro transfronterizo.
Zambada exige que el Estado mexicano intervenga de manera inmediata y formalmente solicite garantías absolutas de que no se le aplicará la pena capital. Además, señala que el gobierno tiene la obligación de presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses por la presunta violación del Tratado de Prohibición de Secuestros Transfronterizos.
Entre los puntos que plantea, pide que México exija a Estados Unidos un informe detallado sobre las circunstancias de su captura, las personas involucradas y la base legal utilizada para su traslado. Asimismo, solicita que se gestione su repatriación inmediata para que cualquier proceso judicial en su contra sea llevado a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y acuerdos internacionales.
El documento concluye señalando que la falta de una respuesta firme por parte de México representaría una traición al sistema jurídico nacional, comprometiendo la soberanía del país y la seguridad de sus ciudadanos.
