
La reorganización incluye nuevos responsables en la delegación estatal y la zona noroeste, además de un llamado a fortalecer la colaboración con autoridades federales
En medio de un panorama carretero marcado por la inseguridad y las prácticas de corrupción, la Honorable Alianza Mexicana Organización de Transportistas (HAMOTAC) anunció una reestructura en su representación en Chihuahua y la región norte, acompañada de nuevos acuerdos con autoridades federales para mejorar la protección a transportistas.
La dirigencia nacional, encabezada por Carlos García Álvarez, confirmó los ajustes tras reunirse con el Secretario General de Gobierno en Palacio de Gobierno, donde informó que Leonel Méndez Montero asumirá la coordinación de la zona noroeste del Comité Ejecutivo Nacional, con responsabilidad sobre Chihuahua, Durango, Sinaloa, Sonora y la península de Baja California. En el ámbito local, la delegación quedará a cargo de Víctor Meraz, mientras que Francisco Rodríguez ocupará la subdelegación, cambios que ya fueron notificados a las instancias oficiales correspondientes.
García Álvarez detalló que la mesa directiva también sostuvo un encuentro con el secretario de Seguridad federal, Omar Harfuch, y con el comandante supremo de la Guardia Nacional, general Elnar Cortés, para definir mecanismos conjuntos que fortalezcan el desempeño institucional en carreteras. Reconoció que, si bien Chihuahua no vive la crisis registrada en el llamado “triángulo de las Bermudas” carretero —Puebla, Veracruz y parte del Estado de México—, es indispensable blindar al estado para evitar que esa realidad avance hacia el norte del país, mediante una colaboración estrecha entre autoridades y ciudadanía.
Al hablar sobre las denuncias de extorsión cometidas por elementos de corporaciones oficiales, el dirigente aclaró que estos casos obedecen más a actos de corrupción que a fenómenos de inseguridad. Subrayó que el general Cortés puso a disposición su contacto directo para atender quejas por abuso de autoridad y reiteró que HAMOTAC busca erradicar la práctica de ofrecer dinero para evadir sanciones, al tratarse de una “mala cultura” arraigada que daña al sector y a la sociedad.


