Los dos policías municipales de Parral vinculados a proceso por la muerte de Ubaldo Ricardo C. M., quien cayó de la batea de una patrulla después de ser detenido, se encuentran actualmente incapacitados y sin acudir a trabajar debido a problemas psicológicos que manifestaron después de los hechos, informó el director de Seguridad Pública Municipal, Martín Chaparro Wong.
El jefe policiaco habló también sobre las denuncias que familiares de la víctima han realizado públicamente respecto a presuntas amenazas y presiones para que desistan del procedimiento contra los agentes, y aseguró no tener certeza de que esas acciones estén ocurriendo.
Chaparro sostuvo que, si existiera algún intento de intimidación o presión para alcanzar un acuerdo económico reparatorio o retirar los cargos, la Dirección de Seguridad Pública Municipal no participa en ello y reprobaría cualquier conducta de esa naturaleza.
El caso se remonta al 26 de julio, cuando Ubaldo Ricardo fue detenido en la calle Unión de la colonia Gómez Morín por los agentes municipales Jesús Alberto A. y Brenda Lizeth V. B.
Según la investigación presentada por la Fiscalía de Distrito Zona Sur, después de la detención los policías colocaron al hombre en la batea de una camioneta oficial tipo pick up que no reunía las características necesarias para trasladar personas detenidas.
Durante el trayecto, Ubaldo Ricardo cayó de la unidad en movimiento y sufrió lesiones que posteriormente le provocaron la muerte.
A partir de estos hechos, el Ministerio Público formuló imputación contra ambos agentes y el pasado 5 de agosto un Juez de Control resolvió vincularlos a proceso por homicidio imprudencial.
Los policías enfrentan el procedimiento en libertad. Entre las medidas cautelares impuestas se encuentra la obligación de acudir a firma periódica y, de acuerdo con Chaparro, la prohibición de salir del estado de Chihuahua. El juez concedió además dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
DSPM ofreció abogados; agentes contrataron defensa particular
El director explicó que inicialmente Seguridad Pública planteó a los agentes la posibilidad de recibir representación legal a través del Departamento Jurídico municipal; sin embargo, ambos optaron por contratar a un abogado particular al considerar que era la alternativa más conveniente para enfrentar el proceso.
Chaparro enfatizó que la corporación no forma parte de la carpeta de investigación y, por esa razón, dijo desconocer los elementos y actuaciones que contiene el expediente ministerial.
Mientras se resuelve su situación jurídica, Jesús Alberto y Brenda Lizeth permanecen fuera de servicio.
Según el funcionario, ambos reportaron afectaciones psicológicas posteriores al incidente y actualmente cuentan con incapacidades que justifican su ausencia laboral.
Chaparro agregó que tanto él como el primer comandante, Óscar Chavira, han mantenido acompañamiento hacia los policías e incluso acudieron a la primera audiencia para brindarles lo que definió como “apoyo moral”.
Con ello rechazó versiones provenientes de personas cercanas a los agentes que señalaban que la corporación los habría dejado solos después de iniciarse el procedimiento penal.
Familia denuncia amenazas; Chaparro dice desconocerlas
Paralelamente al proceso judicial, familiares de Ubaldo Ricardo han denunciado ante medios de comunicación y a través de redes sociales que estarían siendo presionados e incluso amenazados para retirar las acciones legales contra los policías.
Cuestionado al respecto, Chaparro aseguró que no dispone de información que permita confirmar esos señalamientos y marcó distancia entre cualquier eventual negociación y la actuación institucional de Seguridad Pública.
El director reconoció que el alcalde Salvador Calderón ha tenido acercamientos con la familia de Ubaldo Ricardo, particularmente con la viuda, aunque afirmó desconocer el contenido y los alcances de esas conversaciones.
Insistió en que la corporación mantendrá respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia de sus elementos, pero aseguró que tampoco respaldaría algún intento por intimidar a la familia.
De existir presiones para conseguir un acuerdo reparatorio o lograr que los familiares desistan del procedimiento, sostuvo, “la Dirección de Seguridad Pública no está involucrada” y ese tipo de acciones serían reprobadas por la dependencia.
La investigación penal continúa abierta y deberá avanzar durante el plazo concedido por el juez para determinar las responsabilidades de los dos agentes en la muerte de Ubaldo Ricardo, mientras las denuncias realizadas por sus familiares sobre las presuntas amenazas constituyen, hasta ahora, señalamientos públicos cuya eventual investigación por las autoridades no ha sido precisada.
