Los impuestos, ese mal necesario del que nadie escapa pero con el que pocos están de acuerdo, vuelven a colocarse en el centro de la polémica. Esta vez, el detonante es el anunciado incremento al Impuesto Sobre la Nómina (ISN) para los empresarios del estado de Chihuahua, una medida que, lejos de pasar desapercibida, ha encendido las alertas del sector productivo.
No es la primera ocasión en que los gobiernos recurren al ISN como vía rápida de recaudación. Sin embargo, el contexto actual es distinto y mucho más complejo. Hoy, los empresarios no parecen dispuestos a aceptar el ajuste sin cuestionarlo, pues la sensación generalizada es que la carga fiscal se aprieta por todos los frentes, justo sobre quienes generan empleo formal.
Este martes, el Congreso del Estado celebró una sesión ordinaria en la que se discutió y votó el Paquete Económico 2026, documento que contempla el aumento a la tasa del ISN. Aunque el debate fue presentado como técnico, en el fondo subyace una preocupación legítima: ¿hasta dónde puede estirarse la cuerda sin romper el empleo?
La nómina: el impuesto que no perdona
En México, el ISN es un gravamen estatal que se calcula sobre el total de los salarios pagados, no sobre las utilidades. En Chihuahua, actualmente ronda el 3 por ciento, y cualquier incremento impacta de manera directa e inmediata en el costo de contratar y mantener personal.
A diferencia de otros impuestos, el ISN se paga haya o no ganancias, lo que lo convierte en uno de los más sensibles para micro, pequeñas y medianas empresas. No importa si el negocio tuvo un mal mes: la nómina y el impuesto se pagan puntualmente.
Pero el ISN no llega solo. A la nómina formal se suman:
ISR retenido a los trabajadores
Cuotas obrero-patronales del IMSS
Aportaciones al Infonavit
Impuesto estatal sobre nómina
Prestaciones laborales obligatorias
IVA e ISR empresarial, según el régimen fiscal
En conjunto, más del 50 por ciento del costo laboral puede terminar en impuestos, cuotas y cargas administrativas.
El salario mínimo y el efecto dominó
Lo que más inquieta al Consejo Coordinador Empresarial, a Coparmex y a Canacintra, es que este aumento estatal coincide con reformas federales que elevan aún más la presión financiera.
A partir del 1 de enero de 2026, el salario mínimo quedó fijado en 315.04 pesos diarios y 440.87 pesos diarios en la Zona Libre de la Frontera Norte. Un ajuste histórico que, si bien busca mejorar el ingreso de los trabajadores, también incrementa automáticamente cuotas, aportaciones y obligaciones fiscales.
El resultado es un efecto dominó: subir salarios eleva el costo de la nómina; subir el ISN encarece aún más ese costo; y en un entorno inflacionario, muchos negocios simplemente no tienen margen.
Cuando pagar deja de ser viable
Desde fuera, el debate suele simplificarse: “¿Qué tanto es pagar uno o dos puntos porcentuales más?”
La realidad es otra. Para miles de empresas, especialmente las pequeñas, no se trata de voluntad, sino de viabilidad.
Cuando entre ISR, IVA, IMSS, proveedores, servicios, energía y ahora un mayor ISN, el Estado se queda con una porción desproporcionada del ingreso, la consecuencia no es mayor recaudación, sino menos empleo formal.
Y ahí está el verdadero riesgo: que la política fiscal, en lugar de fortalecer la economía, empuje a más empresas a reducir personal, frenar inversiones o incluso migrar a la informalidad.
La pregunta ya no es si los impuestos son necesarios —porque lo son—, sino cuánto más puede soportar quien paga la nómina sin que el sistema termine por ahogarlo.
