En México, el conflicto de interés ya ni siquiera se disfraza: se litiga. Esta vez, con toga y proyecto bajo el brazo, Lenia Batres decidió que la línea entre lo público y lo familiar es, en realidad, una sugerencia. La escena roza lo grotesco: una ministra impulsando un asunto que beneficia directamente a su hermano, Martí Batres, que como director del ISSSTE tenía una deuda de más de 5 mil millones de pesos con la Ciudad de México.
Un monto que, en cualquier país con pudor institucional, bastaría para encender alarmas. Aquí, en cambio, activa proyectos. Lo más revelador no es el fondo —que ya de por sí es escandaloso— sino la forma.
Hubo llamados a la prudencia, peticiones de aplazamiento de sus compañeros y del propio presidente de la Corte. Incluso Clara Brugada, aliada política, pidió el aplazamiento. Nada. Batres no escucha: se aferra. Y se aferra bien. Porque detectó el hueco perfecto: la ausencia de Loretta Ortiz.
En un tribunal donde los equilibrios importan, una silla vacía puede pesar más que mil argumentos. Y vaya que se aprovechó para mandar a todos ahí donde el famoso video nos enseñó que es experta en mandar a la gente. Aquí no hay error técnico ni descuido: hay cálculo.
Defender las finanzas del hermano y, de paso, cargarle el costo a la ciudad no parece un accidente, sino una decisión quirúrgica. La pregunta ya no es si hay conflicto de interés; eso quedó rebasado.
La pregunta es qué tan irrelevante se ha vuelto siquiera disimularlo. Porque cuando el poder se ejerce así, la institución no solo pierde credibilidad: pierde vergüenza.
Y en ese terreno, el mensaje es claro: la justicia puede ser ciega… pero también puede tener familia. Que no se le olvide que es causa de responsabilidad no declararse impedida cuando su familia es una de las partes.