México, en el umbral de la tiranía: se desploma el Estado de derecho

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México se encuentra entre los países con mayor deterioro del Estado de derecho en el mundo. La impunidad de los funcionarios públicos, la corrupción, la debilidad de los tribunales y el desmantelamiento de los contrapesos institucionales colocan al país en una situación que el Observatorio de la Justicia define como «el umbral de la tiranía».

En un análisis publicado este 15 de noviembre, Rafael Ricardo Soler Suástegui, del Observatorio de la Justicia, advierte que el deterioro institucional mexicano no comenzó con la reforma judicial, sino que se ha profundizado desde 2021, en paralelo con la concentración del poder político y el debilitamiento de los organismos encargados de vigilar al gobierno.

Los datos provienen del Rule of Law Index 2026, elaborado por el World Justice Project, organización independiente con sede en Washington que evalúa el Estado de derecho en 143 países mediante encuestas a la población y cuestionarios a especialistas.

México obtuvo una calificación de apenas 0.39 en una escala de cero a uno, donde uno representa la mayor adhesión al Estado de derecho.

Ocupa el lugar 125 entre 143 países; el 28 de 32 en América Latina y el Caribe, y el 43 de 44 entre las naciones de ingreso medio-alto, solamente por encima de Irán.

En América Latina, México únicamente supera a Bolivia, Nicaragua, Haití y Venezuela.

Su caída de 2.7% en el último año fue la cuarta más pronunciada del mundo, después de Haití, Tanzania y Sudán.

Funcionarios sin castigo y corrupción generalizada

Uno de los resultados más graves corresponde a la capacidad institucional para investigar, procesar y sancionar a los funcionarios públicos que cometen irregularidades.

México obtuvo apenas 0.23 puntos en ese indicador. El factor general que mide los límites al poder gubernamental registra un deterioro de 11.6% desde 2021.

Soler Suástegui señala que los integrantes del partido gobernante rara vez enfrentan consecuencias por sus faltas, mientras que los opositores son objeto de persecución. A su juicio, los funcionarios oficialistas disfrutan de una protección política que funciona como un fuero de hecho.

Los indicadores de corrupción exhiben una situación igualmente preocupante.

El Poder Legislativo obtiene 0.13 puntos; la policía y las Fuerzas Armadas, 0.28; el Poder Judicial, 0.31, y el Ejecutivo, 0.32.

El autor sostiene que el servicio público se percibe como un mecanismo de enriquecimiento personal y que los escándalos sobre patrimonios inexplicables de funcionarios se han vuelto recurrentes.

La justicia penal, prácticamente en el fondo

El resultado más grave corresponde al sistema de justicia penal, que obtiene 0.22 puntos y acumula una caída de 21.2% en cinco años.

La capacidad para investigar delitos recibe 0.17; la impartición de justicia, 0.23; la reinserción penitenciaria, 0.18, y la ausencia de discriminación en las actuaciones policiales y judiciales, apenas 0.15.

El debido proceso de las personas acusadas alcanza solamente 0.26 puntos.

El Observatorio destaca que la ampliación de la prisión preventiva oficiosa permite encarcelar a personas sin sentencia, pese a los pronunciamientos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra ese mecanismo.

En justicia civil, México obtiene 0.34 puntos. Los indicadores reflejan discriminación, retrasos en los procedimientos y dificultades para ejecutar las sentencias.

Sin contrapesos frente al gobierno

La desaparición del INAI y el debilitamiento de los mecanismos de transparencia forman parte del retroceso institucional señalado por el Observatorio.

Aunque gobierno abierto es el rubro donde México alcanza su mejor posición relativa, el lugar 57, registra una caída de 9.9% durante los últimos cinco años.

El deterioro también alcanza los derechos fundamentales, cuyo indicador ha retrocedido 6.4% en ese periodo.

En materia de seguridad, el control efectivo de la delincuencia obtiene 0.38 puntos. La protección frente a la violencia utilizada para resolver disputas o imponer exigencias registra apenas 0.20.

Para Soler Suástegui, estos resultados describen un sistema donde las instituciones han perdido capacidad para contener los abusos del poder.

La independencia judicial tampoco escapa al deterioro: los límites judiciales al poder gubernamental obtienen 0.36 puntos, mientras que el indicador relativo a la ausencia de influencia gubernamental indebida sobre la justicia penal alcanza 0.31.

De la democracia al poder sin límites

El diagnóstico del Observatorio de la Justicia va más allá de las deficiencias administrativas o judiciales.

Soler Suástegui identifica un proceso de transformación del régimen político mexicano: la conservación de los mecanismos electorales acompañada de la desaparición progresiva de los controles sobre quienes gobiernan.

En su interpretación, México transita de una democracia imperfecta hacia un sistema de partido hegemónico, donde la mayoría electoral se utiliza para justificar la concentración del poder.

El problema central, advierte, no es solamente quién gana las elecciones, sino qué límites encuentra después de ganarlas.

Cuando los funcionarios dejan de responder ante la ley, los jueces pierden independencia y los órganos de vigilancia son debilitados, las elecciones por sí solas no garantizan el funcionamiento democrático.

Esa es la conclusión del análisis de Rafael Ricardo Soler Suástegui, publicado por el Observatorio de la Justicia bajo el título El umbral de la tiranía: México conserva los procedimientos para elegir gobernantes, pero sus instituciones muestran una capacidad cada vez menor para impedir que ejerzan el poder sin controles.

La Aurora de México