Santiago de la Peña señala que las movilizaciones responden a inconformidades nacionales con el Gobierno Federal; revisan posibles efectos económicos de las medidas previstas para 2027
Chihuahua .- Las protestas de transportistas en Chihuahua reflejan una inconformidad que se extiende a nivel nacional por las condiciones económicas, los cambios fiscales y las dificultades operativas que enfrenta el sector, de acuerdo con el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda, quien confirmó que la administración estatal mantiene comunicación con las organizaciones movilizadas.
El funcionario explicó que las demandas están dirigidas principalmente a decisiones y omisiones atribuidas al Gobierno Federal, por lo que las negociaciones centrales corresponden a las dirigencias nacionales de las agrupaciones participantes. No obstante, indicó que las autoridades de Chihuahua continúan en contacto con los transportistas, cámaras empresariales y otros sectores sociales para conocer sus planteamientos y atender los asuntos que competen al ámbito estatal.
De la Peña Grajeda precisó que el paro fue convocado a nivel nacional, lo que determina el alcance de las exigencias y el papel de las organizaciones que encabezan las movilizaciones. En este contexto, señaló que el Gobierno del Estado puede facilitar el acercamiento con los inconformes, aunque reconoció que varias de las peticiones requieren decisiones de las autoridades federales.
Entre los motivos de la protesta, el secretario destacó los posibles efectos de modificaciones fiscales e incentivos para el transporte, particularmente por cambios en los mecanismos de deducción que, según expuso, anteriormente beneficiaban a quienes desarrollan esta actividad. A su juicio, las nuevas condiciones podrían representar una carga adicional para las empresas y operadores dedicados al traslado de mercancías.
A estas preocupaciones se suman las condiciones de las carreteras federales y el incremento de los costos relacionados con la circulación, factores que presionan la operación cotidiana del sector. El funcionario sostuvo que el deterioro de la infraestructura carretera y el encarecimiento de los gastos de transporte forman parte del panorama que enfrentan las agrupaciones inconformes.
Asimismo, De la Peña Grajeda consideró importante analizar las disposiciones contempladas en la Ley de Ingresos para 2027, con el propósito de identificar sus posibles consecuencias para la actividad económica. Indicó que las áreas económicas y financieras del Gobierno de Chihuahua estudian el impacto que las medidas federales podrían tener tanto en el estado como en sus municipios.
Finalmente, el secretario general de Gobierno reiteró que la administración estatal mantendrá abiertos los canales de comunicación con las organizaciones transportistas para dar seguimiento a sus inquietudes. Mientras tanto, las dirigencias nacionales continuarán con las gestiones relacionadas con las demandas que, por su naturaleza, corresponden a las autoridades federales.