La muerte de Ubaldo Ricardo C. M. derivó en una nueva restricción para la Policía Municipal de Parral: las unidades que no reúnan condiciones adecuadas de seguridad ya no podrán utilizarse para trasladar personas detenidas, determinó el Cabildo este jueves.
La decisión fue tomada durante una discusión que por momentos se tornó ríspida entre regidores y el secretario del Ayuntamiento, Jorge Cordero, luego de que el caso de los dos policías actualmente procesados por el fallecimiento del detenido regresara a la mesa del Ayuntamiento.
Fue el regidor de Movimiento Ciudadano, César Vicente Gutiérrez Mora, quien planteó impedir que las camionetas carentes de elementos como tubulares y demás equipamiento de protección sean utilizadas para llevar personas en la caja.
La propuesta terminó por recibir el respaldo del Cabildo y establece, en los hechos, que la disponibilidad de una patrulla no será suficiente para destinarla a esta función: deberá reunir previamente las características que permitan efectuar el traslado en condiciones de seguridad.
El antecedente inmediato ocurrió el pasado 26 de julio en la colonia Gómez Morín, cuando Ubaldo Ricardo fue detenido por los policías municipales Jesús Alberto A. y Brenda Lizeth V. B.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Distrito Zona Sur, los agentes colocaron al detenido en la batea de una pick up oficial que no reunía las características para este tipo de traslados. Durante el recorrido, el hombre cayó de la unidad y sufrió las lesiones que le ocasionaron la muerte.
Por estos hechos, ambos policías fueron vinculados a proceso el 5 de agosto por homicidio imprudencial y actualmente enfrentan el procedimiento bajo medidas cautelares.
Los propios policías llevaron el caso hasta Cabildo
La discusión de este jueves tuvo como origen un escrito presentado por Jesús Alberto y Brenda Lizeth, mediante el cual solicitaron la intervención de los regidores para revisar sus condiciones laborales y proteger sus derechos frente al proceso que enfrentan.
La regidora de Morena Cintia Alejandra Chávez Ortiz dio lectura al documento. Entre los argumentos expuestos por los agentes figura que la patrulla que les fue asignada carecía de balizamiento y de determinado equipamiento, condiciones que, sostienen, estaban fuera de su control porque ellos únicamente utilizaban los vehículos proporcionados por la corporación.
En su planteamiento también atribuyeron al gobierno encabezado por el alcalde Salvador Calderón la responsabilidad sobre las condiciones de identificación de algunas unidades y citaron declaraciones públicas del presidente municipal relacionadas con la decisión de no balizarlas.
El caso abrió entonces diferentes planteamientos dentro del Cabildo.
Además de impedir los traslados en unidades inadecuadas, surgieron propuestas para elaborar un informe especial sobre lo sucedido el 26 de julio y conocer cuál ha sido la intervención del Gobierno Municipal; revisar las pólizas de seguro de las unidades policiacas y analizar aspectos jurídicos relacionados con la situación de los dos agentes.
No todos los planteamientos tuvieron el mismo destino. Mientras la restricción propuesta por César Gutiérrez consiguió avanzar, otros puntos formulados por Vicencio Chávez y Alejandra Chávez fueron turnados a comisión para su análisis.
“Cállese y déjeme hablar”: discusión sube de tono
Antes de conseguir la votación sobre las patrullas, la conducción de la sesión provocó un fuerte intercambio entre los regidores y el secretario del Ayuntamiento.
Después de discutir el escrito de los policías, Jorge Cordero sometió a votación considerar suficientemente abordado el asunto. La mayoría estuvo de acuerdo y se pretendía continuar con el siguiente punto.
César Gutiérrez intervino entonces para plantear formalmente que las unidades sin el equipamiento necesario quedaran impedidas para trasladar detenidos, propuesta respaldada también por su compañera de Movimiento Ciudadano Larissa Martínez.
Cordero respondió que el tema ya había sido declarado suficientemente discutido.
La negativa provocó el reclamo de Gutiérrez, quien acusó al secretario de someter a consideración únicamente los planteamientos que le resultaban convenientes y defendió el derecho de los regidores a formular propuestas.
“Póngalo a consideración, no se va a avanzar la sesión aquí”, reclamó durante el intercambio.
Cintia Chávez se sumó posteriormente al cuestionamiento y discutió con Cordero sobre las facultades del secretario para conducir los asuntos sometidos al cuerpo edilicio.
Cuando el intercambio se volvió simultáneo, la regidora lanzó: “Cállese y déjeme hablar, usted es muy bueno para interrumpir y no para escuchar”, para posteriormente pedirle revisar el reglamento municipal respecto de las atribuciones de los integrantes del Cabildo.
Finalmente, el planteamiento sobre las patrullas llegó a votación y fue aprobado.
Gutiérrez ofreció después una disculpa por haber elevado el tono y atribuyó su reacción a la intensidad de la discusión. Cordero respondió con ironía que los intercambios suelen ser incluso más fuertes en las reuniones previas y sesiones edilicias.
La determinación introduce ahora una medida preventiva directamente relacionada con las circunstancias que rodearon la muerte de Ubaldo Ricardo, mientras continúa por separado el proceso penal contra los dos policías que lo trasladaban aquella noche.
